Que en 2018 pueda aún aplicarse la frase del suizo Dürrenmatt (“Tristes tiempos estos en los que hay que luchar por lo que es evidente”) a lo difícil que resulta quebrar  resistencias, trampas y excusas contra la Ley de Memoria Histórica, es clara muestra de que en España el Franquismo trascendía la persona del general asesino y hundía sus raíces en el apoyo al mismo de una Oligarquía dominante sostenida por un amplio sector popular refractario a todo lo que sea luchar por sus derechos sociales, pero dispuesto a hacer la ola ante cualquier idea vacía lanzada desde el Poder. Siempre que ésta llegue envuelta en una bandera o etiquetada con un código de barras donde se lea “Patria”.
Por eso sangran los oídos al escuchar a los vocingleros (aquí en las dos acepciones que comparten hablar mucho: hacerlo en voz alta y decir cosas insustanciales) de la Derecha y tontos útiles anexos repitiendo como papagayos que quienes reivindicamos hacer cumplir  la ley de la Memoria buscamos un revisionismo histórico.
Nada más lejos de la realidad. Al pedir que las cunetas dejen de ser osarios y que los cadáveres en ellas mal sepultados reciban un entierro digno, sólo cuestionamos la falsedad oficial impuesta. Al Sistema no le agrada vernos recordando que, entre las atribuciones de la Transición, no entraba legalizar salvajadas y que si algunos de sus protagonistas optaron por el silencio y mirar para otro lado fue porque  entendieron que la correlación de fuerzas no daba para más.
El ruido de sables y la puesta en escena del 23F también  ayudaron notablemente a despejar dudas y acallar posibles malas conciencias, pero el pacto político no podía borrar asesinatos ni transmutar lo negro en blanco.
Por mucho que “””ilustres””” (nunca a un epíteto le vinieron mejor tantas comillas) personajes tipo Leguina, Vázquez, Gallardón, el honrado Mario Conde, el ciudadano Javier Nart, el tolerante Abascal o los “demócratas” Milans del Bosch hijo y Luis Alfonso de Borbón firmen un “Manifiesto por la Historia y la Libertad” erigiéndose en defensores de una Constitución que a la mayoría les trajo al pairo en su origen, para cerrar definitivamente una herida histórica primero hay que curarla y luego cauterizarla.
Cosas dignas de admiración veredes -diría Sancho si Cervantes hubiese utilizado alguna vez la expresión– como que estos curiosos especímenes se junten y apropien del concepto Libertad, palabra  en la  que la mayoría  nunca creyó”.
Amputar la verdad, ocultar lo que pasó a los defensores de la República como se lleva haciendo desde 1939, no es ni medida higiénica ni profilaxis adecuada.
No será posible dar carpetazo al problema hasta que toda la Nación haga suya las aspiraciones de los centenares de miles de familias con parientes en las cunetas y “motu proprio” exhume las fosas, entierre con dignidad los restos -funeral de Estado incluido- y remate la faena poniendo nombre y apellidos a la Represión. Vamos, hacer desde el Poder lo que el voluntarismo (www.todoslosnombres.org) lleva haciendo por ejemplo en Andalucía, Extremadura y norte de África desde hace décadas.
¿Y por qué estas medidas? Por un sentido elemental de Justicia. No podemos olvidar algunas “peculiaridades” hispanas. Con su  triunfo, el Franquismo, por una parte impuso la “omertá” a los vencidos y, por otra, el reconocimiento hagiográfico de las propias víctimas. El relato mítico de la Dictadura pivotó sobre dos momentos de la represión republicana: los fusilamientos de Paracuellos del Jarama y los sacerdotes víctimas de la “persecución religiosa”.
Todo ello en un país en el que florecían cruces y lápidas con los nombres completos de los “caídos por Dios y por la Patria” en las paredes de las iglesias, estancos regentados por viudas y huérfanos de adictos al Régimen, puestos de la Administración copados por fieles al golpismo y sitios de honor en los transportes para los “gloriosos caballeros mutilados”.
Frente a éstos, los “jodidos cojos” de las milicias y regimientos del ejército popular, frente a aquellos, los funcionarios y enseñantes “depurados”, la incautación de tiendas y propiedades de partidos, sindicatos y partidarios de la República o la ominosa zanja junto a las tapias del cementerio para arrojar los huesos, eso sí, procurando que estuviese cavada fuera del camposanto.
Y de rehenes, miles de presos en campos de concentración, trabajos forzados, con largos años de cárcel ante su futuro o condenados a muerte bajo la humorada de “auxilio a la rebelión”, delito  que los vencedores, ellos efectivamente rebeldes, achacaron a quienes se mantuvieron fieles al gobierno legitimo. Condenas aún en vigor pues no han sido anuladas pese a las reiteradas peticiones en este sentido.
La represión nunca fue casual. Fue una acción planificada, reflejo de la ideología dominante gracias a las armas.
Por ello desde muy temprano -1940, recién terminado el conflicto- el Ministerio de Justicia puso en marcha la “Causa General” contra la“dominación roja”. Basándose en ella, desde las instituciones públicas se fomentó  cumplimentar formularios para que, en cada pueblo, se recogiesen listas de muertos que se creían fusilados por las «hordas marxistas», los tormentos y torturas aplicados a los pobres “nacionales”, los locales incendiados, los lugares de culto destruidos… El engendro puede consultarse en el Archivo Histórico Nacional.
Toda una requisitoria, complementada por otras acciones nacidas del ideal de Cruzada. De ellas emergieron figuras como la del fanático benedictino Fray Justo Pérez de Urbel, mentor de la Sección Femenina y primer abad del Valle de los Caídos para escribir -destinado a la ciudad y al mundo- su libro “Mártires de la Iglesia” (eso sí, en negro, en este caso la pluma del periodista “Cándido” quien, como reconoció en su momento, plagió o inventó allí donde la realidad flaqueaba).
Y la idea-fuerza tuvo continuidad en el tiempo con obras como las del antiguo arzobispo de Mérida-Badajoz, Antonio Montero Moreno, que en su tesis doctoral de 1961 (reeditada en 1998 y 2004) “Historia de la persecución religiosa en España 1936/39” llegó a cuantificar las víctimas de la Iglesia, mártires de la Cruzada, dando el número redondo de 6.845, desglosadas en 13 obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 frailes y 283 monjas. Detalle éste nada baladí puesto que, quienes reivindican Amnesia ante las víctimas republicanas, han tenido siempre un interés desmesurado por tarifar a los suyos y, en el caso de la Iglesia Católica, especialmente durante el Papado del ultra Juan Pablo II, elevarlos además a los altares para que la memoria quede fijada a perpetuidad.
Al parecer, cuando hay palio, copón e incienso, el recordatorio sí es positivo y no ofende sensibilidades. Personalmente no me importa que alguien quiera honrar la memoria de los suyos, por eso chirría tanto que pongan tantas trabas a que hagamos lo mismo con la de los nuestros.
Este detalle no es nimio, pues centra el quid de la cuestión: los partidarios de imponer silencio “para no abrir heridas” saben la ventaja que da haber jugado desde el primer minuto con sus reglas, imponiendo en las mismas el homenaje, recordatorio y reivindicación de los suyos.
Y son conscientes de que el entramado propagandístico basado en el falso empate del “todos iguales” se les viene abajo cuando se contrasta con las investigaciones históricas.
Los datos que éstas ponen sobre la mesa cuando los abundantes estudios locales y provinciales cuantifican a las víctimas de la represión franquista no dejan lugar a la duda. Siempre arrojan unas cifras exorbitantes, que contrastan con la foto fija de «los mártires» que ellos recontaron nada más terminar la Guerra Civil. Y no pueden estirar el número por mucho que les seduzca la idea.
Por muy “hooligans” que sean, deducen que en un país futbolero hasta el más lerdo comprende que si  un partido termina 20 a 2 o 15 a 3, nunca estuvo igualado, ni se pudo jugar de tú a tú. De ahí su interés en seguir manteniéndonos silentes y desinformados.