LOS DERECHOS SE DEFIENDEN: POR EL PLENO CUMPLIMEINTODE LA LEY DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA

El Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) en el pleno de 12 de julio de 2017.

La Iniciativa Legislatura Popular que promovió dicha ley, tras recoger más de 121.000 firmas, obtener el apoyo de 72 entidades sociales, cívicas y políticas, la aprobación de 52 mociones de los ayuntamientos representativos de las principales ciudades de Catalunya, y tras innumerables esfuerzos y movilizaciones a lo largo de seis años, había cumplido el objetivo: Garantizar un derecho elemental para toda la ciudadanía de Cataluña, un gran paso para alcanzar la cohesión social, un derecho fundamental para todas las personas y familias en situación de vulnerabilidad, reconocido en el artº 24.3 del Estatut d’Autonomía.

En la primera fase de implementación de la ley a partir de 15 de septiembre de 2017 todas las personas y familias que percibían el llamado PIRMI pasaron automáticamente a beneficiarse de la Renta Garantizada de Ciudadanía, y quienes percibían complementos de pensiones no contributivas tuvieron un incremento del complemento hasta alcanzar el umbral de la Renta Garantizada de Ciudadanía establecido para 2017.

En la siguiente fase, la gestión de las nuevas solicitudes de prestación de la RGC con más de 75.000 citas previas hasta febrero de 2018 ha dado lugar a graves incumplimientos por el Departament de Treball, afers socials i families.

Destacamos los principales incumplimientos:

– Se incumple el silencio positivo que establece la ley, por el que se considera estimada la solicitud de RGC, si transcurrido el plazo que tiene la administración para comunicar la resolución, ésta no la ha efectuado.

– Se abusa del requerimiento -nuevamente- de los datos a las personas solicitantes en fechas cercanas al límite del plazo administrativo, para con posterioridad a dicho plazo denegar la RGC, sin reconocer que dichas personas presentaron la documentación solicitada, y sin tener en cuenta la fecha de recepción por la persona de la notificación del requerimiento.

– Se comunican numerosas resoluciones denegatorias injustas de la RGC, o que no concretan las causas de la denegación, generando indefensión a las personas solicitantes.

– Los entes gestores de las diversas solicitudes no comunican adecuadamente de la situación de la tramitación o resolución del expediente a las personas solicitantes, tampoco generando indefensión.

– Los responsables del Departament de Treball, afers socials, i families, se niegan a dar la información pública sobre las resoluciones efectuadas hasta la fecha, el número de resoluciones aprobadas y denegadas, así como las principales causas de denegación. Con esta práctica opaca vulneran la ley de Transparencia de la Generalitat, negando dicha información a los grupos parlamentarios, y generando evidente indefensión.

Ante la gravedad del incumplimiento de la ley de la RGC las entidades abajo firmantes hemos registrado la siguiente petición al Parlament de Catalunya y al conjunto de grupos parlamentarios:

1.- Adoptar todas las medidas necesarias para hacer cumplir plenamente la ley de la RGC, el abono inmediato de las solicitudes que tienen silencio positivo, la realización de una auditoría independiente sobre las normas y procedimientos utilizados por el Departament de Treball, afers socials i families en dicha gestión, y la revisión general de las solicitudes denegadas con normas y procedimientos respetuosos con el contenido de la ley RGC.

2.- Exigir al futuro gobierno de la Generalitat el pleno cumplimiento de la Ley de la RGC, así como la adopción de los necesarios cambios en la gestión del Departament de Treball, affers socials i families.

Además, las entidades abajo firmantes nos sumamos a la solicitud de intervención del Síndic de Greuges de Catalunya presentada por la Comisión Promotora de la RGC.

Llamamos a la ciudadanía a estar alerta y movilizarse en defensa del cumplimiento de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, y evitar el enorme dolor social que sufren las personas y familias en situación de vulnerabilidad a quienes se niega injustamente el derecho a la RGC.

Barcelona, mayo de 2018

Entidades firmantes:

Comissió Promotora Renda garantida de Ciutadanía; Assemblea treballadors/es en atur de Barcelona, Coordinadora Assemblees treballadors/es en atur de Catalunya, Colectivo parados + 50 Terrassa; Aigua es Vida, Aliança pobresa Energètica, Assemblea Diversitat Funcional, Associació erradicar la pobresa, Associació 500×20 Garraf, AVV Parc Torre Roja, AVV Clot Camp de l’Arpa, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, Col.lectiu Ronda, CONFAVC, FAVB, FAVGram, FAVTerrassa, FAV Viladecans, Front Cívic de Catalunya, Marea Blanca, Marea Blanca-Selva Maresme, Marea Pensionista, Marea de Mareas, Marxa de la Dignitat de Catalunya, MDD, Marxa Mundial dones, Moviment d’indignacio 15m Sabadell, PAC, PADC, PAH Girona de Salt, Pastoral Obrera de Catalunya, PEJUCAT, Plataforma afectados BB Serveis, Plataforma Lleida Social, Sopa de Pedres-Grup Lluita contra la pobresa, Xarxa Socialisme 21; CICLO, Élite Taxi BCN, co.bas, IAC, Lote 22, OEPB, Sindicat de llogaters, USOC, USTEC-STES; Catalunya en Comú, Comunistes, Ecologistes en Acció de Catalunya, EQUO, EUiA, ICV, JSC, PODEM Catalunya, PSC, Recortes Cero, Vilafranca en Comú.

Personalidades del ámbito municipal firmantes:

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona; Núria Parlón, alcaldessa de Santa Coloma Gramenet; Lluïssa Moret, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat; José Montero, alcalde de Montornés del Vallés.