“Soy de Unidos Podemos, soy independentista catalán”, me dicen los medios. La verdad está en lo que escribo cada día.

Sí, yo también creo que la aplicación del 155 en Cataluña, viola el artículo 155 de la Constitución. No creo que sirva decir en mi descargo que es porque amo la verdad, porque creo ser sincero, intelectualmente honesto.  No miro hacia otro lado porque la solución pueda parecer práctica, adecuada, si termina en una votación. Pero la evidente ilegalidad desde el gobierno, del primero que debe cumplir, nunca es inocua, nada quedará igual ya porque la ley es lo que surge al mundo cuando se aplica. Nunca se puede intervenir un Parlamento ni cesar a un gobierno autonómico. No solo no lo contempla la Constitución, que ya es muy grave, es que fue descartado que fuera posible en el debate constitucional. Pero si se deja sin reaccionar ante quien debe vigilar que nadie vulnera la Constitución, mañana será constitucional esa misma aplicación a cualquier otra comunidad, de nuevo a Catalunya, o cualquier cosa que se le ocurra al gobierno.

Ya se le ocurrió una amnistía fiscal a los ricos que el Tribunal Constitucional dijo que no era constitucional, aunque, sorprendentemente, lo que se perdonó quedó perdonado.

La Constitución es hoy la ley del embudo, gracias a los partidos monárquicos. Esos que se llaman constitucionalistas.

Unidos Podemos recurre por inconstitucional la aplicación cesando a un gobierno y disolviendo un Parlamento elegido por el pueblo catalán. Eso es así aunque el Tribunal Constitucional diga lo contrario. Para suprimir derechos fundamentales tiene que existir una norma suprema que expresamente lo faculte, un estricto procedimiento y unos órganos competentes que solo pueden ser, en última instancia, judiciales. Rajoy, Sánchez y Rivera han suspendido y vulnerado derechos de sufragio, de participación política, con la intervención y suspensión de la autonomía catalana. Eso está por encima de las responsabilidades de todo tipo, incluso penales, de quienes vulneraron todo el ordenamiento jurídico desde los días 6 y 7 de septiembre, en el Parlamento catalán.

La ley se restaura por medio de la ley, se reforma según la ley. La ley es inviolable porque es la última decisión del pueblo.

El pueblo debe poder cambiar sus decisiones haciendo permanentemente leyes nuevas. A eso se dedica la política.  Esa actividad está hoy en suspenso respecto a Catalunya, y a evitar que las eléctricas nos saqueen impunemente, por poner sólo un ejemplo.

No hay políticas, hay un lío de ilegalidades, con apariencia  legal. Un lío de tertulias inmundas sobre la sinrazón y la mentira elevadas a verdad pública por publicada.

Nada evita hoy que lo que conviene al poder real, por encima de la ley, termine en el BOE, o recogido en una resolución judicial.

¿Quién reconoce hoy a España como Estado Social, Democrático y de Derecho? Sólo los enemigos de la democracia, de la ley y de la justicia social. Y con una amplísima complicidad….. están ganando.

Sí, de estos constitucionalistas, de esta chusma, me declaro totalmente apartado y obligado a declarar mi unilateral independencia. Independencia de un golpe de estado, de este estado de excepción constitucional.