Las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre vienen marcadas por la agudización de la crisis política y territorial abierta en Cataluña hasta el punto de la suspensión de la autonomía catalana por parte del gobierno del Partido Popular, con el apoyo de PSOE y Ciudadanos. Acecha un peligro: el de que consolide, de la mano de las próximas elecciones en Cataluña, un marco establecido para acabar de liquidar las aspiraciones de democratización real del país y las necesidades de las clases populares (incluidas las de soberanía) que se encuentran atrapadas en el cruce de varias paradojas.

El “europeísmo” (lo que, de fondo, no es otra cosa que la apología del orden impuesto progresivamente en la UE) ha podido servir como recurso retórico tanto para negar el derecho de autodeterminación en Cataluña (no tendría sentido, en un mundo global, crear nuevas estructuras estatales) como para apelar a los “valores europeos” frente al “desvío” de un Estado español que los violenta.

Cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, declara solemnemente que “la soberanía popular ha muerto” y que “nuestra soberanía es Europa”, no deja de resultar llamativo que las apelaciones a esa Europa vengan protagonizadas por la mismas fuerzas responsables de la crisis política y social que está postrando a nuestro país, con la corrupción y el saqueo de las poblaciones como combustible. Fuerzas que hegemonizan un choque cargado de símbolos nacionales y a la vez incorporan el ordoliberalismo responsable de liquidar la soberanía nacional tanto en la Constitución Española (artículo 135) como, de forma más implícita, en la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica, aprobada por el Parlament de Catalunya. Las referencias simbólicas a Europa han sido constantes en todo el proceso, desde un lado y desde el otro.

Cuando Puigdemont afirmaba la existencia de cuestionamientos en la comunidad internacional a la acción del gobierno español y sus aliados, no hablaba en vano. La cuestión que nos interesa, desde una perspectiva de emancipación para los y las de abajo, es cuáles son y qué planteamientos de fondo sostienen. Uno de los sujetos que ha defendido la imposibilidad de solucionar el conflicto sólo a partir de la aplicación del “orden constitucional” ha sido la fundación Konrad Adenauer, think tank vinculado al partido de Angela Merkel, la CDU, cuya aspiración, la Europa alemana del euro, presumiblemente, no tiene mucho que ver con las aspiraciones de soberanía popular en Cataluña y la posibilidad de realizar en ella los derechos sociales. Sin embargo, el ex-president ha podido ganar algo de iniciativa internacional en un terreno ya abonado, a lo largo del tiempo, por una diplomacia que no ha sido ajena a apoyos como el del financiero George Soros, uno de los grandes sostenes de Hillary Clinton en la campaña presidencial estadounidense del año pasado, y firme partidario de supeditar la soberanía de los Estados a las instituciones supracionales. Por su parte, Rajoy ha conseguido obtener el respaldo de Donald Trump a cambio de someter a España a su estrategia de dominio, así como el realineamiento, dentro del país, de las fuerzas políticas y económicas que sostienen lo que se viene llamando el “régimen del 78”.

Hablar de una referencia a Estados Unidos lleva a una segunda paradoja, como la que representa el hecho de que Alfonso Guerra pidiera la intervención del ejército español, es decir, de la OTAN, para garantizar la “unidad” de España y que el ex presidente de la Generalitat Artur Mas, en marzo pasado, declarara que “una Cataluña independiente será una aliada clave de la OTAN”. Nuevamente, una referencia común para dos fuerzas que compiten en el marco de la nueva configuración europea, y esto es, sin cuestionar el marco.

Decir todo lo anterior no implica reducir el conflicto a una mera confrontación de fuerzas globales o de burguesías nacionales, una de las cuales piensa que podría irle mejor en solitario. El sentimiento nacional e identitario también tiene que ver la reacción a la locura de una “Europa sin pueblos”. Y el terreno se encuentra abonado por el choque entre la plurinacionalidad de España y una Constitución que -por un acuerdo tácito de las fuerzas que protagonizaron la Transición del franquismo a una democracia demediada- establece un dispositivo que impide el ejercicio del derecho a la determinación de los pueblos y las naciones que lo componen y cualquier perspectiva federalista.

La aplicación del artículo 155, como eje de la respuesta económica, política y penal (represión y encarcelamiento) contra las fuerzas nacionalistas e independentistas, es la figura última de un proceso que se abrió con la impugnación del Estatut de 2006 por el PP y un Tribunal Constitucional que se superpone a la soberanía popular. El artículo 155 no avala la destitución de un gobierno autonómico; lo que se ha aplicado es otra cosa que podemos llamar el “el 155 real”, el consenso de las fuerzas fundamentales del régimen para la restauración: el PP, PSOE y Ciudadanos, el cual hace patente los fines que lo alumbraron: refundar la política del PP hacia una posición radicalmente neoliberal, frenar a Unidos Podemos y ser la expresión más viva de los acuerdos de la Transición, de sus fuerzas económicas y financieras oligárquicas.

Este nuevo consenso trata de impedir una solución que implique la transformación del Estado español en un Estado federal, democrático, republicano y soberano tratando de garantizar los intereses de la oligarquías españolas en el proceso de construcción de la “soberanía europea” liderada por Alemania.

El proceso de construcción de la Europa alemana del euro, basada en la división entre un núcleo central fuerte, industrial-exportador y una periferia dependiente y poco competitiva, marca inevitablemente las aspiraciones y tensiones de sectores situados en la frontera entre “un mundo y otro”. En ese marco, puede significar la tentación de avanzar en aquellos aspectos que han establecido las tres últimas décadas de globalismo neoliberal en Cataluña: el desarrollo de sectores punta en servicios, turismo y algunas ramas de la industria y el sector financiero, con fuerte inversión extranjera, junto con niveles enormes de desigualdad, precariedad y privatizaciones. Algunas élites pueden figurarse una Cataluña como territorio “offshore” que siga atrayendo grandes inversiones a costa de las clases medias y trabajadoras catalanas, y que suelte lastre con un Sur condenado a la exclusión y a la conversión en una “zona económica especial” (cuyo paradigma es Grecia) caracterizado por una tasa insoportable de desempleo, privatizaciones, bajos salarios y el deterioro ecológico y social llevado al extremo.

El peor de los escenarios de fragmentación es ya materia de ensayo bajo el liderazgo político de quien verbalmente enfatiza el “Andalucía como la que más” como fórmula de neutralización de otras aspiraciones nacionales. No es casualidad que el verbalismo y la teatralización “andalucista” se combinan tristemente con la venta de patrimonio público a fondos de inversión extranjeros y con estrategias de “internacionalización” que no hacen sino hundir a Andalucía en ese modelo de dependencia y de suministro de materias primas. Algún día habrá que hacer balance de la obra de organismos como la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, fundamentalmente dedicados a la intensificación de la exportación agroalimentaria a partir del incremento insostenible del regadío en una época de sequía, así como de la explotación de la fuerza de trabajo. La estrategia del PSOE andaluz ha consistido, una vez más, en presentarse como garante del “orden constitucional” y apelar a los sentimientos de agravio de la población andaluza para usarla como masa de maniobra en la defensa de un statu quo que sacrifica sus recursos naturales y humanos al modelo centro-periferia liderado por Alemania, a la vez que contribuye a equilibrar la balanza comercial de una España sin soberanía.

Por eso, un movimiento popular que luche hoy en Andalucía por una perspectiva democrática, republicana y federal del Estado español tiene que medirse con esa planificación de división del trabajo que impone el capitalismo industrial alemán para Europa y la alternativa a todo ello, ser la punta de lanza de una nueva articulación y de reparto del poder político entre el norte y el sur de nuestro país, una alianza entre las clases trabajadoras y las capas medias proletarizadas, del norte y del sur, para derrotar conjuntamente ese escenario posible que configuraría una Cataluña como “territorio off-shore” y una Andalucía como “Zona Económica Especial” a la manera griega, con la sustitución de las democracias por una dictadura ilustrada supranacional de la UE dispuesta a determinar el resultado de la crisis de régimen del Reino de España y de Cataluña.

Ese movimiento, de clase y popular, debe intervenir autónomamente en el escenario catalán como parte de una “insurrección de la gente normal” contra las estructuras del poder político y mediático que tratan de imponer un modelo de dominación contra los de abajo, aquí y allí. Los movimientos de reacción social, las protestas económicas y las reivindicaciones identitarias aparecen muchas veces juntas, recuperando el tema de la soberanía nacional como base necesaria para la democracia y la soberanía popular.

Andalucía no puede ser masa de maniobra para consolidar un modelo liquida la soberanía real. Por el contrario, es la más interesada en una perspectiva de autonomía política, de reparto del poder en un estado español soberano, republicano y federal, con protagonismo de los movimientos municipalistas que se enfrentan a la globalización neoliberal.

Andalucía debería jugar su papel en el proceso electoral de Cataluña para abrir una nueva relación social y territorial entre las clases trabajadores del norte y el sur de nuestro país. Las próximas elecciones en Cataluña pueden ser las de la continuidad de una tendencia que asfixia las aspiraciones populares. Pero puede representar, también, una oportunidad para plantear una propuesta de recuperación conjunta de la soberanía, en el norte y el sur, en el marco de un proceso constituyente que defienda, al mismo tiempo, una relación democrática y solidaria, libremente expresada, del conjunto de las clases trabajadoras de los pueblos del estado español y el contenido social que han borrado de la Constitución Española, precisamente, quienes más apelaciones verbales hacen a la misma.

Jaén noviembre de 2017.
Texto colectivo del Frente Cívico de Jaén.