No puedo entender por qué tiene que ser un drama político cambiar la Constitución española de 1978 que supuso, entonces, un paso importante hacia la democracia, pero condicionado por las imposiciones, las intentonas golpistas y las tramas urdidas desde las más altas instancias. En el país vecino, Francia, la Constitución de 1946 creó la IV República. En 1958, una nueva Constitución adoptada en referéndum marcó el inicio de la V República y desde entonces, 24 leyes han modificado la Constitución, una de ellas relativa a la organización descentralizada de la República.

El hecho de que Francia tuviera gestas históricas que unió al pueblo (la Revolución de 1789 que acabó con el absolutismo monárquico y la Revolución de París de 1830 que supuso la expulsión de los Borbones del trono de Francia), no les ha impedido ir buscando nuevas formas de convivencia, actualizando su Constitución. En España, sin consultas al pueblo español, sin las actuales escenificaciones que tan bien parodian los humoristas, sin dramatizaciones patrioteras ante la nueva y penosa sumisión de España al capital internacional financiero, el PP se puso de acuerdo con el PSOE para modificar el artículo 135 de la Constitución. Esa modificación del año 2011 prioriza, por encima de los derechos de los españoles, el pago de la deuda pública, esa deuda enorme e impagable por los intereses de la usura financiera.

No puedo comprender tampoco por qué tiene que ser un drama cambiar el modelo de estado. Hace mucho tiempo que Alemania es una república federal formada por dieciséis estados, que los Estados Unidos de América están constituidos por cincuenta estados o que Suiza es una confederación. Además, la monarquía ya no es garante de la unidad nacional, como ha quedado demostrado en Bélgica donde han seguido las disputas entre sus distintas comunidades, fundamentalmente entre flamencos hablantes de neerlandés y valones de habla francesa; en el Reino Unido, donde Escocia celebró un referéndum para la independencia en el 2014;  y ahora, en España, donde la monarquía no ha jugado tampoco el papel de árbitro en la escalada de enfrentamientos entre el gobierno central y el gobierno autónomo de Cataluña.

El principal problema de España es esa visión arcaica y rígida de España que tiene el PP, una visión que lo lleva a creerse más españoles que el resto de los habitantes de la nación contra los que viene utilizando, desde hace años, recursos de inconstitucionalidad.

Fue el caso del recurso contra el matrimonio entre personas del mismo sexo porque, en su opinión, “rompía la familia”, como si no hubiera cambiado ya el concepto de familia tradicional y todos los españoles no tuvieran los mismos derechos, independientemente de su orientación sexual. Los del PP hasta se manifestaron por ello en la calle, lo nunca visto en la derecha europea o de otras partes del mundo: sólo la derecha española y la venezolana en la oposición, con los mismos poderosos medios que las anteriores, han pretendido utilizar el instrumento colectivo propio de los que no tienen poder, de la mayoría social, para ir contra colectivos sin poder, injustamente discriminados.

Y el PP siguió presentando recursos de inconstitucionalidad, con la misma intransigencia. Esta vez, contra diversos preceptos del Estatuto de Autonomía de Cataluña que no habían sido recurridos en otras Comunidades como Valencia, Andalucía o Baleares, iniciando así la escalada de despropósitos que estamos viviendo, por el no al Estatuto, el no a la financiación, el no al derecho  del pueblo a decidir y el no final al referéndum convocado unilateralmente por decisión del Gobierno de Cataluña presidido por la derecha catalana de Convergencia (CIU, CDC) con ideas más europeas y sin el pasado franquista del PP, pero que comparte el mismo modelo económico neoliberal que el PP al que ha apoyado en distintos gobiernos.

Sin embargo, cuando gobierna el PP es cuando más se deteriora la convivencia en España y asistimos al resurgir independentista en el nordeste de la Península, en una comunidad o en otra. En este caso, ha desarrollado una espiral de agravios contra los representantes de las instituciones catalanas, porque el PP necesita una acción fuerte que le permita escenificar que es el “gran salvador de la unidad de España”, la única baza electoral que le queda ya, después de unos resultados adversos, los problemas económicos y los lamentables casos de corrupción. Lo mismo le ocurrirá a la otra “rama del mismo árbol” en su territorio.  Lo que no se puede hacer es faltarle el respeto al pueblo catalán que se ha sentido ninguneado por el no a su derecho a decidir. El respeto es la base de toda convivencia.

La intolerancia, la soberbia y la necesidad imperiosa de una “hazaña” espectacular para recuperar la estima electoral de los españoles llega a tal punto que, cada día, emprenden un nuevo ataque “legal” sin escuchar las opiniones de sentido común que se vierten desde ámbitos muy distintos: necesidad de resolver el conflicto político por la vía política y no por la vía judicial, necesidad de diálogo, necesidad de cambios. Algunas veces, se alzan voces para decir cosas muy obvias: las leyes las hacen los políticos, las cambian los políticos; hay una experiencia en Canadá con Québec que ha dado lugar a una ley que racionaliza el referéndum por la independencia (mayoría cualificada y garantía de que las circunscripciones que se opongan a la independencia permanezcan en el Estado), lo que exige planteamientos serios, no aventuras pasajeras de conveniencia partidista.

España necesita librarse del anquilosamiento y la intolerancia; renovarse democráticamente con la participación de los jóvenes que no pudieron votar la Constitución de 1978; recibir el impulso de la generación de españoles más preparados de nuestra Historia; ser construida colectivamente para ser más fuerte, más avanzada en los ámbitos político, económico, cultural y social; ser un proyecto ilusionante que nos una a todos y todas.