El Pleno del Parlamento de Cataluña ha aprobado esta tarde por unanimidad la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía fruto de una Iniciativa Legislativa Popular que recogió más de 120.000 firmas gracias al trabajo de la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía conformada por diferentes colectivos sociales, entre ellos el Front Civic de Catalunya.

Tal y como informa la página web del Parlament, el debate final de la ILP ha comenzado con las intervenciones de Diosdado Toledano y Sixte Garganté en nombre de los promotores de la iniciativa. A continuación, han intervenido los diputados Chakir el Homrani (JxSí), Noemí de la Calle (Cs), Raúl Moreno (PSC), Marta Ribas (CSQP), Marisa Xandri (PPC) y Mireia Vehí (CUP).

Todos los puntos de la iniciativa se han aprobado por unanimidad, salvo el artículo 25.2 y la disposición adicional tercera, en que JxSí ha abstenido.

Desde la tribuna de público y los palcos del salón de sesiones y desde la sala de grupos, han seguido el debate miembros de la comisión promotora de la ILP; el presidente de la Mesa del Tercer Sector Social, Oriol Isla; el portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, Carlos Macías; el secretario general de UGT, Camil Ros; el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello; la alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlón; el alcalde de Sallent, David Saldoni, varios representantes de entidades y organizaciones sociales, el ex consejero Ignasi Farreras y los ex diputados David Companyon y Laura Massana, entre otros.

La Ley de la renta garantizada de ciudadanía establecida por el artículo 24.3 del Estatuto de autonomía de Cataluña crea esta prestación económica para personas y unidades familiares que no dispongan de los ingresos que les garanticen los mínimos para una vida digna, con el objetivo de velar por su inclusión social o laboral.

La prestación comenzará a aplicarse el 15 de septiembre con el 85 por ciento de la cuantía y se irá implantando de forma gradual hasta el 1 de abril de 2020, que ya se podrá percibir el cien por cien. Así, en septiembre la prestación será de 564 euros por adulto, y una vez desplegada totalmente la ley, de 664 euros. Cada importe se podrá ampliar según los miembros de la unidad familiar.

Podrán solicitar la ayuda las personas mayores de veintitrés tres años con un mínimo de dos años de residencia en el país, que hayan agotado todas las prestaciones y que no tengan la cantidad de ingresos, rentas o recursos económicos considerada mínima para atender las necesidades básicas de una vida digna de acuerdo con el umbral de ingresos fijado por el indicador de la renta de suficiencia de Cataluña. Desde este septiembre, las familias monoparentales con hijos a cargo que tengan contratos a tiempo parcial con ingresos inferiores al indicador de renta de suficiencia de Cataluña también podrán recibir la prestación hasta alcanzar los ingresos correspondientes a este tope. Además, la ayuda será compatible con prestaciones de la Ley de dependencia y con becas de transporte y comedor escolares.

La Mesa abrió la tramitación de la ILP en marzo de 2013, y la comisión de control proclamó el 28 de enero de 2014 que había conseguido con creces el mínimo de cincuenta mil firmas para que en continuara la tramitación parlamentaria. En total recogió 121.191.