El indicador por antonomasia del buen hacer de un gobierno es cómo atiende los intereses de su pueblo, en especial de los más débiles, y si es capaz de protegerlo durante los tiempos difíciles.

Si compartimos esta afirmación de David Stuckler y Sanjay Basu, autores del libro ‘Por qué la austeridad mata’ y la utilizamos como test para evaluar a nuestro Gobierno y al resto de la Unión Europea llegaremos a la conclusión de que lo están haciendo bastante mal.

Aquellos que defienden el libre mercado y la aplicación de la austeridad por parte del Estado, «creen» que pagar la deuda y reducir el déficit debe estar por encima de todo, incluido el coste humano que ello pueda suponer. No importa que los datos procedentes de múltiples países sobre las recesiones y la economía en los últimos cien años indiquen una pauta clara: «los beneficios del estímulo versus los perjuicios de las políticas de austeridad».

Suele aceptarse resignadamente que las recesiones económicas son inevitablemente perjudiciales para la salud de las personas y en consecuencia es razonable esperar un aumento de alcoholismo, depresiones, suicidios, enfermedades infecciosas, complicaciones de las patologías crónicas, etc. Sin embargo, los hechos nos demuestran que no tiene por qué ser así, ya que los daños para la salud de las personas en los momentos de recesión económica van a depender del tipo de política («determinantes políticos») que se adopte por los gobiernos. Podemos decir que: «Aunque las recesiones nos vacían los bolsillos y nos empobrecen no tienen necesariamente que llenar los hospitales y cementerios».

Si repasamos la historia veremos que ante situaciones similares han sido las políticas de estímulo del gasto público las que han conseguido sacar a los países de las recesiones económicas y cuando se han aplicado las políticas restrictivas se ha empeorado y, lo que es peor, se ha aumentado el sufrimiento y la mortalidad de la población más vulnerable.

Tenemos los ejemplos de EEUU en la Gran Recesión y la política de New Deal aplicada por el presidente Roosevelt incrementando el gasto público en obras, créditos para la vivienda y cupones para alimentos entre otras, y como a partir de su aplicación la economía empezó a mejorar, así como la tasa de suicidios de la población y la mortalidad infantil (Por cada 100 dólares por habitante invertidos se redujo en 18 por mil nacidos). Acentuándose la diferencia entre los estados gobernados por los republicanos reacios a aplicar tales medidas y los gobernados por los demócratas que si las aplicaron. Ejemplo más reciente lo tenemos en Suecia, donde en la década de 1990 sufrió un crack peor que la actual recesión sin que por ello aumentasen los suicidios ni las muertes relacionadas con el alcoholismo. Este país junto a Dinamarca, Finlandia e Islandia tienen y han mantenido unos programas de protección social de gran calidad y eficiencia, en los que incluyen Programas de Mercado Laboral Activo y de Ayudas a la vivienda, con lo que se actúa sobre las dos causas más graves de riesgo para la salud en situaciones de recesión económica: el desempleo y la pérdida de vivienda.

En contraste con lo anterior en Grecia, Italia, Portugal y España, siguiendo los consejos de la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) han aplicado importantes recortes en los sistemas de protección social por lo que el desempleo y la pérdida de vivienda se han convertido en un problema de gran magnitud afectando a la salud de su población más vulnerable, especialmente los problemas de salud mental (ansiedad, depresión, alcoholismo) y con ello el aumento de las tasas de suicidios. Existiendo en nuestro país una correlación entre las cifras de desempleo y el número de suicidios, incluyéndose una nueva modalidad llamada «suicidio económico» que en España supone 30% del total, lo que se traduce en un goteo de tres diarios. En Grecia, convertida en el «enfermo de Europa» se han incrementado las enfermedades infecciosas (Tuberculosis, Sida, Malaria) y las complicaciones de las patologías crónicas (Diabetes, Hipertensión, Cardiopatías, etc.).

Un dato que puede orientarnos sobre las consecuencias de las políticas en la salud mental de la población es el consumo de antidepresivos, que en Reino Unido y España, con sus recortes, se han incrementado en torno al 20% en contraste con el 6% de Suecia.

Otra vuelta de tuerca para agravar y aumentar la mortalidad lo tenemos con las subidas del recibo de la luz, a pesar de la «pobreza energética» en la que se encuentran más de cuatro millones de personas en nuestro país.

Las políticas de recortes o «austericidas» no solo nos empobrecen sino que aumentan el sufrimiento y muertes de los más vulnerables, precisamente aquellos a los que “un buen gobierno” debería priorizar en su cuidado. Y todo ello impuesto por unos organismos carentes de democracia y con la excusa de que es la única alternativa posible.

 Antonio Pintor, miembro del FCSM y del Colectivo Prometeo.

Fuente: Colectivo Prometeo